Por considerarlo de interés para la lectura de los los perredistas y en especial a los miembros del grupo nacional Relevo Torrijista, le presentamos el artículo del Dr. Ebrais Asvat, de su columna La Bitácora.
La Bitácora
Dr. Ebrahis Asvat
Miércoles 9 de nobiembre de 2011
Las Asociaciones Públicos-Privadas
En la Asamblea de Diputados circula un proyecto de ley para permitir la asociación entre el sector privado y el Estado en la realización, operación y mantenimiento de obras de infraestructura como carreteras, hospitales, plantas de tratamiento de aguas negras, potabilizadoras, edificios públicos, etc. La idea detrás de esta ley es que la empresa privada construya, opere, de mantenimiento y preste el servicio público y el Estado se limite a desembolsar los dineros pactados de forma anual.
Por ejemplo: hay que suministrar agua al sector de la Chorrera. El Estado llama a la empresa privada y celebra un contrato de Asociación Público-Privada, donde autoriza la construcción de una potabilizadora, mantenerla en buen estado, proveer agua potable y cobrarle anualmente por la construcción, mantenimiento y provisión de agua al distrito de La Chorrera. El Estado en teoría deberá provisionar en el presupuesto nacional un pago anual a favor de la empresa proveedora por el costo de la construcción, el mantenimiento de la obra y la provisión de agua.
En términos ideológicos lo que el Estado realiza es privatizar bajo una modalidad jurídica especial la prestación del servicio de agua potable. Además le permite al Estado no tener que incluir en su deuda pública el monto de la inversión original, porque se asume que la deuda es del proveedor privado del servicio. En otras palabras es un juego de palabras diseñado para descargar algunas funciones inherentes del Estado bajo la presunción de que el Estado es un mal administrador, y por ende, un ente incapaz con poder y, por el otro lado, una fórmula para incurrir en mayor capacidad de endeudamiento sin violar la ley de responsabilidad fiscal y los límites por ella establecidos.
En el substrato subconsciente de los servidores públicos esta fórmula es tentadora para seguir enriqueciéndose del Estado más allá de los cinco años de poder otorgado en unas elecciones. El objetivo sería dejar todos estos proyectos ejecutados aún cuando estén en etapa de construcción para que el próximo gobierno cargue con la responsabilidad financiera, pero no pueda incidir en los acuerdos pactados.
No hay que ser graduado de Harvard para conocer las razones de la ley. Ahora bien, en un país con tantas necesidades pareciera lógico frente a limitaciones financieras abrir el compás para nuevas modalidades en la ejecución de obras de infraestructura. Para ello, lo más importante es la confianza que la población tenga en los gobernantes en el mandato conferido. Pero en un país como el nuestro, donde toda las contrataciones públicas son objeto de constante cuestionamiento tanto por su falta de transparencia, dudosa participación y sin procesos de licitaciones públicas, que se puede esperar abriendo este otro grifo de discreciones.
Miren el hecho de que el gobierno bajo resolución de gabinete ha tenido que solicitar una investigación penal contra sus propios Ministros de Estado por presunta adquisición de tierras nacionales mediante transferencias gratuitas o mediante tráfico de influencias. Que mandato pueden recibir quienes carecen de credibilidad. La ley no es más que una tentación para el derroche de dineros que no tenemos.
En manos de funcionarios de reputación dudosa es un arma mortal contra un país. Ya el modelo se ensayó con la Ley 5 de 1988 y los Corredores Norte y Sur. Al final quedó este gobierno adquiriéndolos a sumas muy por encima del valor de sus activos. El Presidente debe dar las necesarias explicaciones.
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